giovedì 24 febbraio 2011

Entrevista a Xavier Bosch, director general de Inmigración de la Generalitat

“No es aceptable que después de dos generaciones una persona diga que es inmigrante; el objetivo de este país es que sea catalán”
“La sentencia del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística es un atentado a la convivencia de este país"
“El reglamento de la ley de acogida y la creación de la Agencia Catalana de Inmigración son nuestros dos grandes objetivos para esta legislatura”
Carlos Gómez

El nuevo director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, responde en esta entrevista a las circunstancias que rodearon su nombramiento y desvela algunas de las prioridades de la que será su gestión. Bosch se posiciona también sobre el velo integral, la negación del empadronamiento a los inmigrantes irregulares o el papel de los ayuntamientos en el reagrupamiento familiar.
Para su cargo sonó en primer lugar Àngel Colom, el responsable de Inmigración de CiU, con el que viene colaborando desde hace muchos años. Después se filtró que iba a ser Josep Pera, concejal de CiU en Badalona. ¿Ha llegado al puesto de rebote, después de que Colom y Pera fuesen descartados por diversos motivos?
No, en absoluto. Colom se descartó él solo para poder dedicarse en estos primeros meses a la continuidad del trabajo en el partido, donde hay una serie de proyectos muy interesantes de consolidación del movimiento de ‘nous cataláns’, y para el cargo de director general había varios nombres sobre la mesa. Tanto el president Mas como el conseller Cleries, después de consultar y recoger opiniones, optaron por mi nombre. En todo caso, no me corresponde a mí decir los motivos. Yo no entré en este debate. De todas formas, creo que todos los nombres que se barajaban eran perfectamente válidos para el cargo.
¿Ha sido una sorpresa para usted?
No, porque ya sabía que era candidato. Unas semanass antes del Secretariado de Inmigración de Convergencia me propuso como candidato.
¿Pero le sorprendió que el Secretariado le propusiera?
Teniendo en cuenta que Colom no optaba a este cargo, dentro del Secretariado tal vez la persona mejor posicionada era yo.
Cuando se filtró que el director general sería Josep Pera, ¿qué se comentó en en el Secretariado de Inmigración de Convergència?
Que, después del trabajo hecho durante estos últimos años por el Secretariado, lo más adecuado sería que el director general tuviera una vinculación directa con él. También sabíamos que era una filtración que salió no sé de dónde, pero que no había una decisión tomada.
Se ha dicho que el president Artur Mas se decantó por usted en vez de por Pera por presiones de Colom? ¿Va a ser usted un hombre de paja de Colom?
No, en absoluto. Voy a ser el director general de Inmigración y continúo siendo miembro del Secretariado de Convergencia. No se trata de ser hombre de una cosa o de otra, sino de seguir una línea política que se ha marcado a partir de un programa elaborado por un secretariado que ganó las elecciones.
De su currículum se desprende que su relación con se ha centrado sobre todo en Marruecos y el mundo árabe. ¿Es esta la inmigración que más preocupa a la Generalitat? ¿Qué pueden esperar de usted y de su gestión los inmigrantes latinoamericanos?
No puedo decir que tenga una especial predilección por el mundo árabe. Estuve en Marruecos porque coincidió que la Generalitat, cuando Mas era conseller en cap, abrir delegaciones en países de origen de mucha inmigración. Se comenzó por Marruecos porque en aquellos años la mayoría de la inmigración en Cataluña venía de Marruecos, pero había el proyecto de abrir otra en Latinoamérica y posiblemente en algún otro país emisor de inmigrantes. No se trataba tanto de la política del tripartito de abrir embajadas de prestigio como de abrir delegaciones útiles para canalizar la inmigración y la contratación de trabajadores en origen. Lo que pasa es que con el cambio de Gobierno y el cierre de esta delegación en Marruecos no pudimos consolidar muchos de los trabajos y de las líneas de actuación que habíamos empezado.
¿Es partidario de extender la prohibición del velo integral a toda Cataluña?
Sí. No es de recibo que se pueda aceptar la presencia de personas completamente tapadas en esta sociedad. Es un tema que tiene una cierta sensibilidad, porque tiene un fondo religioso, pero hay que abrir un debate con el mundo musulmán para que el tema pueda ser asumido; que se entienda no como un recelo a una religión, sino como una exigencia de respeto a unos valores que existen aquí. En este punto creo que no deberíamos transigir. Pero no es una prioridad en estos momentos. En este tema habría otra prioridad que también está en nuestro programa: crear en esta legislatura en Cataluña un consejo de culto musulmán; es decir, una plataforma que sea el interlocutor entre esta religión y el Gobierno o las instituciones catalanas en general donde poder canalizar todos estos debates. En estos momentos no hay una institución avalada por todo el mundo que puede ser el interlocutor. El tema burka tendría que consensuarse con esta plataforma.
¿Qué le parece la negación del empadronamiento a los inmigrantes irregulares?
Siempre hemos dicho que dejar fuera de la lista de ciudadanos a los que no tienen papeles no es la solución, entendiendo que los ayuntamientos necesitan más apoyo, más recursos, porque son los que tienen que tratar cada día con todos los ciudadanos y prestarles servicios. La negativa de inscribir en el padrón a ciertas personas en principio puede ser una forma de protesta para hacer notar la situación crítica en la que se encuentran los ayuntamientos, pero no es la mejor solución y creo que tal vez podía empeorar la situación de muchas personas.
CiU ha apoyado o al menos no ha rechazado expresamente (se ha abstenido) las mociones presentadas por el PP y el PSC en algunos ayuntamientos catalanes para pedir la denegación de la reagrupación familiar y el permiso de residencia por arraigo a los inmigrantes incívicos, previo informe municipal. ¿Se va a extender también a la Generalitat este endurecimiento de la política migratoria?
Precisamente la propuesta del reglamento de la ley de extranjería del Gobierno español regula esto. Todas estas mociones lo que hacían era avisar de que en los informes de reagrupamiento o de cualquier trámite de extranjería la decisión municipal fuera vinculante. El proyecto de reglamento cede las competencias de regulación de este tema a las comunidades autónomas, que pueden cederlas a los ayuntamientos o no. Lo que nosotros queremos es consensuar con los ayuntamientos qué mecánicas se establecen. Dudo que los informes de los ayuntamientos puedan ser vinculantes, pero queda bastante claro que un informe negativo del ayuntamiento llevaría a la negación de la petición de permiso que se haya hecho. Su papel será decisivo. Lo que sí queremos desde la Generalitat es que no haya arbitrariedades. No podemos dejar que cada ayuntamiento establezca su código de civismo diferente y que la misma persona en un ayuntamiento vea un dictamen positivo y en otro lo vea negativo. Nuestro objetivo es pactar con todo el mundo local unos criterios homogéneos para toda Cataluña.
¿Qué espera del plan piloto de actuación integral en barrios de Cataluña con alto índice de inmigrantes que va a empezar a desarrollarse en Salt y otros municipios?
El viernes (11 de febrero) vamos a Salt a firmarlo. Es un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat que contará con la presencia de la secretaria de Estado Anna Terrón y con la mía para invertir una cantidad de dinero determinada para potenciar las actividades y los programas de integración que ya se están haciendo. El ayuntamiento tiene sus planes y programas de integración que incluyen variedad de actuaciones que están haciendo. En el caso de Salt, como en el de El Vendrell, L´Hospitalet, Badalona y Terrassa se está haciendo una aportación extraordinaria que viene destinada por el Estado a partir de unos fondos de la Unión Europea para la integración. Son planes piloto; no dejan de ser un experimento. Después habrá que analizar cuál ha sido su resultado. En principio, esperamos que con estos planes podamos contribuir a la pacificación de la población de Salt y a la integración y la cohesión social.
¿Es partidario de distribuir a los alumnos inmigrantes para evitar que ninguna escuela tenga más de un 50%, como ha propuesto la alcaldesa de Salt?
Este es un problema que tiene la consellera de Educación sobre la mesa. Mi opinión, y la de la Dirección General de Inmigración, es que la presencia de niños inmigrantes, no por el hecho de ser inmigrantes sino nuevos en el municipio, en una misma aula no debería superar ciertos límites. Es importante para crear cohesión social que convivan los autóctonos con los recién llegados. Dispersarlos por los diferentes municipios del entorno es una posibilidad, pero hay otra: reforzar las líneas educativas en el propio municipio.
¿Va a mantener la Generalitat su apuesta por la inmersión lingüística?
Absolutamente sí.
¿Qué opinión le merece la sentencia del Tribunal Supremo en contra de esta medida?
Es un atentado a la convivencia de este país. Y no es una opinión del Gobierno; la sociedad civil en Cataluña tiene muy claro que el factor de integración y de cohesión social número uno es la lengua catalana. A partir de que una persona la conoce ya ha dado pasos de gigante para su integración social. Desde la Generalitat haremos todo los posible para superar esta sentencia. Es una cuestión de supervivencia y de futuro; no es una cuestión anecdótica. La inmersión lingüística es una apuesta que hizo este país de forma muy consensuada hace ya muchos años, da sus frutos y tiene que seguir en esta línea.
¿Diría usted, como el alcalde de Vic, que a los inmigrantes hay que obligarles a ser catalanes?
Discrepo en la palabra obligar, pero sí que es imprescindible la integración. Yo no les obligaría, pero les invito a ser catalanes por su bien, por su futuro, por el futuro de sus hijos. No es una idea de partido ni de gobierno, es una idea de país. Cataluña es un país abierto, acogedor, que siempre que ha habido grandes o pequeñas migraciones les ha abierto las puertas, pero a cambio ha pedido que haya una voluntad de integración y que expresen su voluntad de dejar de ser inmigrantes. No sería aceptable que después de dos o tres generaciones una persona diga que es inmigrante. La persona que hace un esfuerzo de integración deja de ser inmigrante; puede ser nuevo catalán, pero el objetivo de este país es que sea catalán a secas. Por lo tanto, el fondo de las palabras del alcalde de Vic las hago mías.
El Gobierno central acaba de presentar su propuesta de reglamento de la nueva Ley de Extranjería, que sanciona el traspaso de competencias a las comunidades autónomas en materia de inmigración. Aunque aún no habrá tenido tiempo de leer en profundidad el documento, ¿qué opina de las novedad que ya han trascendido?
De entrada, la valoración es bastante positiva, porque obedece a pactos que se tuvieron en su día en los que CiU tuvo un papel muy importante, que reflejan la voluntad de ceder muchas de las competencias de extranjería al Gobierno catalán. Tenemos nuevas competencias en el tema de reagrupamiento, renovación de permisos y todos los temas donde hay que emitir dictámenes, en los que vamos a negociar con los ayuntamientos porque son los que tienen relación directa con los ciudadanos. Vamos a estudiar si hay que hacer enmiendas, pero en general el planteamiento global nos parece satisfactorio. Claro que nos gustaría en el futuro tener nuestra propia Ley de Extranjería y poder decidir como país cuál es el flujo de inmigración que en cada momento se puede acertar.
¿Qué opinión le merece el proceso de inscripción de los inmigrantes para votar en las elecciones municipales de mayo? ¿Qué le parecen las dificultades que ha habido y los resultados que se han obtenido?
Que el porcentaje de inscritos sea tan bajo no es positivo. Esto no quiere decir que el colectivo de los países que tenían convenio para poder inscribirse en el censo electoral esté desmotivado. Creo que ha habido muchos factores que hay que analizar, sobre todo de cara a las próximas ocasiones. También había una cierta inexperiencia colectiva en este tema. Había factores que iban a la contra, como el hecho de que la campaña comenzara en plenas vacaciones de Navidad, con mucha gente en su país o simplemente distraída de la atención política debido a las fiestas. Después, creo que desde el Estado no se ha contribuido a una suficente divulgación; he visto muy pocos anuncios en la televisión y la prensa. Creo que también ha influido el que las elecciones municipales están lejos mentalmente; la sociedad aún no es muy consciente de que hay elecciones municipales, y menos entre la población inmigrada. Y otro factor aún: acabamos de salir, a finales de noviembre, de unas elecciones en Cataluña, después de una campaña electoral muy larga e intensa. Incluso los propios partidos quedaron un poco en ‘stand by’, y eran elementos fundamentales para la movilización de este voto. Creo que había un cansancio. Todo el mundo estaba con ganas de relajarse. Y cuando la gente ha vuelto a la dinámica política, ya se había acabado el plazo de inscripción, que, aunque lo alargaron, no dejaba de ser muy corto. No es un porcentaje satisfactorio, pero si un 14% de los ciudadanos de estos países ha manifestado su intención de votar, bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas a decidir el futuro de nuestras ciudades, y confío en que en próximas convocatorias electorales la experiencia colectiva de todos nos permita aumentar este porcentaje para que la participación sea, como mínimo, del 50 o el 60%, que es el habitualmente se da en unas elecciones con el censo cerrado, como es el de nuestra tradición.
¿Qué prioridades tiene la Dirección General de Inmigración para esta legislatura?
Hay un par de prioridades muy claras. La primera está relacionada con el reglamento de la ley de extranjería y es el reglamento de la ley de acogida, para definir exactamente el funcionamiento de todo el sistema de acogida de la inmigración en Cataluña: el papel de cada institución, las aportaciones presupuestarias, etc., y sobre todo para dar tranquilidad jurídica a los afectados, para que sepa exactamente qué trámites hay que hacer, dónde y qué se le va a exigir. Otro de los temas que tenemos sobre la mesa es el de la creación de la Agencia Catalana de Inmigración. Esta Dirección General no deja de ser un pequeño organismo dentro de la Generalitat. Mejoraríamos mucho nuestra eficacia, con una ampliación de estructura y de funciones, si lo canalizamos todo a través de una Agencia Catalana de Inmigración. Esto está previsto en el Pacto Nacional por la Inmigración y estaba en nuestro programa electoral. Es un tema complicado, porque jurídicamente es un proceso lento y necesita una aportación presupuestaria, pero no impide que desde ya comencemos a trabajar en su estudio. Mi voluntad como director general es que sea creada antes de acabar esta legislatura. Aparte, otra de las prioridades, si se puede llamar así, es mantener el contacto con el mundo asociativo para conocer su situación, sus peticiones y sus intereses, e ir formulando las políticas a partir de todo este conocimiento.
¿Qué opinión le merece el colectivo latinoamericano en Cataluña y qué medidas particulares tiene previsto tomar para ellos?
Es un colectivo con el que tengo una especial relación a nivel personal y de actuación de años. Quiero subrayar su capacidad de autoorganización y de creación de entidades representativas, que les da una dinámica muy interesante y permite una interlocución más fácil con todos ellos. Espero, desde esta Dirección General, continuar colaborando con ellos, profundizando en el futuro líneas anteriores de participación.

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