giovedì 24 febbraio 2011

Entrevista a Xavier Bosch, director general de Inmigración de la Generalitat

“No es aceptable que después de dos generaciones una persona diga que es inmigrante; el objetivo de este país es que sea catalán”
“La sentencia del Tribunal Supremo contra la inmersión lingüística es un atentado a la convivencia de este país"
“El reglamento de la ley de acogida y la creación de la Agencia Catalana de Inmigración son nuestros dos grandes objetivos para esta legislatura”
Carlos Gómez

El nuevo director general de Inmigración de la Generalitat, Xavier Bosch, responde en esta entrevista a las circunstancias que rodearon su nombramiento y desvela algunas de las prioridades de la que será su gestión. Bosch se posiciona también sobre el velo integral, la negación del empadronamiento a los inmigrantes irregulares o el papel de los ayuntamientos en el reagrupamiento familiar.
Para su cargo sonó en primer lugar Àngel Colom, el responsable de Inmigración de CiU, con el que viene colaborando desde hace muchos años. Después se filtró que iba a ser Josep Pera, concejal de CiU en Badalona. ¿Ha llegado al puesto de rebote, después de que Colom y Pera fuesen descartados por diversos motivos?
No, en absoluto. Colom se descartó él solo para poder dedicarse en estos primeros meses a la continuidad del trabajo en el partido, donde hay una serie de proyectos muy interesantes de consolidación del movimiento de ‘nous cataláns’, y para el cargo de director general había varios nombres sobre la mesa. Tanto el president Mas como el conseller Cleries, después de consultar y recoger opiniones, optaron por mi nombre. En todo caso, no me corresponde a mí decir los motivos. Yo no entré en este debate. De todas formas, creo que todos los nombres que se barajaban eran perfectamente válidos para el cargo.
¿Ha sido una sorpresa para usted?
No, porque ya sabía que era candidato. Unas semanass antes del Secretariado de Inmigración de Convergencia me propuso como candidato.
¿Pero le sorprendió que el Secretariado le propusiera?
Teniendo en cuenta que Colom no optaba a este cargo, dentro del Secretariado tal vez la persona mejor posicionada era yo.
Cuando se filtró que el director general sería Josep Pera, ¿qué se comentó en en el Secretariado de Inmigración de Convergència?
Que, después del trabajo hecho durante estos últimos años por el Secretariado, lo más adecuado sería que el director general tuviera una vinculación directa con él. También sabíamos que era una filtración que salió no sé de dónde, pero que no había una decisión tomada.
Se ha dicho que el president Artur Mas se decantó por usted en vez de por Pera por presiones de Colom? ¿Va a ser usted un hombre de paja de Colom?
No, en absoluto. Voy a ser el director general de Inmigración y continúo siendo miembro del Secretariado de Convergencia. No se trata de ser hombre de una cosa o de otra, sino de seguir una línea política que se ha marcado a partir de un programa elaborado por un secretariado que ganó las elecciones.
De su currículum se desprende que su relación con se ha centrado sobre todo en Marruecos y el mundo árabe. ¿Es esta la inmigración que más preocupa a la Generalitat? ¿Qué pueden esperar de usted y de su gestión los inmigrantes latinoamericanos?
No puedo decir que tenga una especial predilección por el mundo árabe. Estuve en Marruecos porque coincidió que la Generalitat, cuando Mas era conseller en cap, abrir delegaciones en países de origen de mucha inmigración. Se comenzó por Marruecos porque en aquellos años la mayoría de la inmigración en Cataluña venía de Marruecos, pero había el proyecto de abrir otra en Latinoamérica y posiblemente en algún otro país emisor de inmigrantes. No se trataba tanto de la política del tripartito de abrir embajadas de prestigio como de abrir delegaciones útiles para canalizar la inmigración y la contratación de trabajadores en origen. Lo que pasa es que con el cambio de Gobierno y el cierre de esta delegación en Marruecos no pudimos consolidar muchos de los trabajos y de las líneas de actuación que habíamos empezado.
¿Es partidario de extender la prohibición del velo integral a toda Cataluña?
Sí. No es de recibo que se pueda aceptar la presencia de personas completamente tapadas en esta sociedad. Es un tema que tiene una cierta sensibilidad, porque tiene un fondo religioso, pero hay que abrir un debate con el mundo musulmán para que el tema pueda ser asumido; que se entienda no como un recelo a una religión, sino como una exigencia de respeto a unos valores que existen aquí. En este punto creo que no deberíamos transigir. Pero no es una prioridad en estos momentos. En este tema habría otra prioridad que también está en nuestro programa: crear en esta legislatura en Cataluña un consejo de culto musulmán; es decir, una plataforma que sea el interlocutor entre esta religión y el Gobierno o las instituciones catalanas en general donde poder canalizar todos estos debates. En estos momentos no hay una institución avalada por todo el mundo que puede ser el interlocutor. El tema burka tendría que consensuarse con esta plataforma.
¿Qué le parece la negación del empadronamiento a los inmigrantes irregulares?
Siempre hemos dicho que dejar fuera de la lista de ciudadanos a los que no tienen papeles no es la solución, entendiendo que los ayuntamientos necesitan más apoyo, más recursos, porque son los que tienen que tratar cada día con todos los ciudadanos y prestarles servicios. La negativa de inscribir en el padrón a ciertas personas en principio puede ser una forma de protesta para hacer notar la situación crítica en la que se encuentran los ayuntamientos, pero no es la mejor solución y creo que tal vez podía empeorar la situación de muchas personas.
CiU ha apoyado o al menos no ha rechazado expresamente (se ha abstenido) las mociones presentadas por el PP y el PSC en algunos ayuntamientos catalanes para pedir la denegación de la reagrupación familiar y el permiso de residencia por arraigo a los inmigrantes incívicos, previo informe municipal. ¿Se va a extender también a la Generalitat este endurecimiento de la política migratoria?
Precisamente la propuesta del reglamento de la ley de extranjería del Gobierno español regula esto. Todas estas mociones lo que hacían era avisar de que en los informes de reagrupamiento o de cualquier trámite de extranjería la decisión municipal fuera vinculante. El proyecto de reglamento cede las competencias de regulación de este tema a las comunidades autónomas, que pueden cederlas a los ayuntamientos o no. Lo que nosotros queremos es consensuar con los ayuntamientos qué mecánicas se establecen. Dudo que los informes de los ayuntamientos puedan ser vinculantes, pero queda bastante claro que un informe negativo del ayuntamiento llevaría a la negación de la petición de permiso que se haya hecho. Su papel será decisivo. Lo que sí queremos desde la Generalitat es que no haya arbitrariedades. No podemos dejar que cada ayuntamiento establezca su código de civismo diferente y que la misma persona en un ayuntamiento vea un dictamen positivo y en otro lo vea negativo. Nuestro objetivo es pactar con todo el mundo local unos criterios homogéneos para toda Cataluña.
¿Qué espera del plan piloto de actuación integral en barrios de Cataluña con alto índice de inmigrantes que va a empezar a desarrollarse en Salt y otros municipios?
El viernes (11 de febrero) vamos a Salt a firmarlo. Es un acuerdo entre el Ayuntamiento y el Departamento de Bienestar Social y Familia de la Generalitat que contará con la presencia de la secretaria de Estado Anna Terrón y con la mía para invertir una cantidad de dinero determinada para potenciar las actividades y los programas de integración que ya se están haciendo. El ayuntamiento tiene sus planes y programas de integración que incluyen variedad de actuaciones que están haciendo. En el caso de Salt, como en el de El Vendrell, L´Hospitalet, Badalona y Terrassa se está haciendo una aportación extraordinaria que viene destinada por el Estado a partir de unos fondos de la Unión Europea para la integración. Son planes piloto; no dejan de ser un experimento. Después habrá que analizar cuál ha sido su resultado. En principio, esperamos que con estos planes podamos contribuir a la pacificación de la población de Salt y a la integración y la cohesión social.
¿Es partidario de distribuir a los alumnos inmigrantes para evitar que ninguna escuela tenga más de un 50%, como ha propuesto la alcaldesa de Salt?
Este es un problema que tiene la consellera de Educación sobre la mesa. Mi opinión, y la de la Dirección General de Inmigración, es que la presencia de niños inmigrantes, no por el hecho de ser inmigrantes sino nuevos en el municipio, en una misma aula no debería superar ciertos límites. Es importante para crear cohesión social que convivan los autóctonos con los recién llegados. Dispersarlos por los diferentes municipios del entorno es una posibilidad, pero hay otra: reforzar las líneas educativas en el propio municipio.
¿Va a mantener la Generalitat su apuesta por la inmersión lingüística?
Absolutamente sí.
¿Qué opinión le merece la sentencia del Tribunal Supremo en contra de esta medida?
Es un atentado a la convivencia de este país. Y no es una opinión del Gobierno; la sociedad civil en Cataluña tiene muy claro que el factor de integración y de cohesión social número uno es la lengua catalana. A partir de que una persona la conoce ya ha dado pasos de gigante para su integración social. Desde la Generalitat haremos todo los posible para superar esta sentencia. Es una cuestión de supervivencia y de futuro; no es una cuestión anecdótica. La inmersión lingüística es una apuesta que hizo este país de forma muy consensuada hace ya muchos años, da sus frutos y tiene que seguir en esta línea.
¿Diría usted, como el alcalde de Vic, que a los inmigrantes hay que obligarles a ser catalanes?
Discrepo en la palabra obligar, pero sí que es imprescindible la integración. Yo no les obligaría, pero les invito a ser catalanes por su bien, por su futuro, por el futuro de sus hijos. No es una idea de partido ni de gobierno, es una idea de país. Cataluña es un país abierto, acogedor, que siempre que ha habido grandes o pequeñas migraciones les ha abierto las puertas, pero a cambio ha pedido que haya una voluntad de integración y que expresen su voluntad de dejar de ser inmigrantes. No sería aceptable que después de dos o tres generaciones una persona diga que es inmigrante. La persona que hace un esfuerzo de integración deja de ser inmigrante; puede ser nuevo catalán, pero el objetivo de este país es que sea catalán a secas. Por lo tanto, el fondo de las palabras del alcalde de Vic las hago mías.
El Gobierno central acaba de presentar su propuesta de reglamento de la nueva Ley de Extranjería, que sanciona el traspaso de competencias a las comunidades autónomas en materia de inmigración. Aunque aún no habrá tenido tiempo de leer en profundidad el documento, ¿qué opina de las novedad que ya han trascendido?
De entrada, la valoración es bastante positiva, porque obedece a pactos que se tuvieron en su día en los que CiU tuvo un papel muy importante, que reflejan la voluntad de ceder muchas de las competencias de extranjería al Gobierno catalán. Tenemos nuevas competencias en el tema de reagrupamiento, renovación de permisos y todos los temas donde hay que emitir dictámenes, en los que vamos a negociar con los ayuntamientos porque son los que tienen relación directa con los ciudadanos. Vamos a estudiar si hay que hacer enmiendas, pero en general el planteamiento global nos parece satisfactorio. Claro que nos gustaría en el futuro tener nuestra propia Ley de Extranjería y poder decidir como país cuál es el flujo de inmigración que en cada momento se puede acertar.
¿Qué opinión le merece el proceso de inscripción de los inmigrantes para votar en las elecciones municipales de mayo? ¿Qué le parecen las dificultades que ha habido y los resultados que se han obtenido?
Que el porcentaje de inscritos sea tan bajo no es positivo. Esto no quiere decir que el colectivo de los países que tenían convenio para poder inscribirse en el censo electoral esté desmotivado. Creo que ha habido muchos factores que hay que analizar, sobre todo de cara a las próximas ocasiones. También había una cierta inexperiencia colectiva en este tema. Había factores que iban a la contra, como el hecho de que la campaña comenzara en plenas vacaciones de Navidad, con mucha gente en su país o simplemente distraída de la atención política debido a las fiestas. Después, creo que desde el Estado no se ha contribuido a una suficente divulgación; he visto muy pocos anuncios en la televisión y la prensa. Creo que también ha influido el que las elecciones municipales están lejos mentalmente; la sociedad aún no es muy consciente de que hay elecciones municipales, y menos entre la población inmigrada. Y otro factor aún: acabamos de salir, a finales de noviembre, de unas elecciones en Cataluña, después de una campaña electoral muy larga e intensa. Incluso los propios partidos quedaron un poco en ‘stand by’, y eran elementos fundamentales para la movilización de este voto. Creo que había un cansancio. Todo el mundo estaba con ganas de relajarse. Y cuando la gente ha vuelto a la dinámica política, ya se había acabado el plazo de inscripción, que, aunque lo alargaron, no dejaba de ser muy corto. No es un porcentaje satisfactorio, pero si un 14% de los ciudadanos de estos países ha manifestado su intención de votar, bienvenidos sean, tienen las puertas abiertas a decidir el futuro de nuestras ciudades, y confío en que en próximas convocatorias electorales la experiencia colectiva de todos nos permita aumentar este porcentaje para que la participación sea, como mínimo, del 50 o el 60%, que es el habitualmente se da en unas elecciones con el censo cerrado, como es el de nuestra tradición.
¿Qué prioridades tiene la Dirección General de Inmigración para esta legislatura?
Hay un par de prioridades muy claras. La primera está relacionada con el reglamento de la ley de extranjería y es el reglamento de la ley de acogida, para definir exactamente el funcionamiento de todo el sistema de acogida de la inmigración en Cataluña: el papel de cada institución, las aportaciones presupuestarias, etc., y sobre todo para dar tranquilidad jurídica a los afectados, para que sepa exactamente qué trámites hay que hacer, dónde y qué se le va a exigir. Otro de los temas que tenemos sobre la mesa es el de la creación de la Agencia Catalana de Inmigración. Esta Dirección General no deja de ser un pequeño organismo dentro de la Generalitat. Mejoraríamos mucho nuestra eficacia, con una ampliación de estructura y de funciones, si lo canalizamos todo a través de una Agencia Catalana de Inmigración. Esto está previsto en el Pacto Nacional por la Inmigración y estaba en nuestro programa electoral. Es un tema complicado, porque jurídicamente es un proceso lento y necesita una aportación presupuestaria, pero no impide que desde ya comencemos a trabajar en su estudio. Mi voluntad como director general es que sea creada antes de acabar esta legislatura. Aparte, otra de las prioridades, si se puede llamar así, es mantener el contacto con el mundo asociativo para conocer su situación, sus peticiones y sus intereses, e ir formulando las políticas a partir de todo este conocimiento.
¿Qué opinión le merece el colectivo latinoamericano en Cataluña y qué medidas particulares tiene previsto tomar para ellos?
Es un colectivo con el que tengo una especial relación a nivel personal y de actuación de años. Quiero subrayar su capacidad de autoorganización y de creación de entidades representativas, que les da una dinámica muy interesante y permite una interlocución más fácil con todos ellos. Espero, desde esta Dirección General, continuar colaborando con ellos, profundizando en el futuro líneas anteriores de participación.

Los siete peores dictadores respaldados por EE.UU.

No es sólo Mubarak

Joshua Holland
AlterNet
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El controvertido presidente egipcio Hosni Mubarak, cuyo régimen ha recibido miles de millones de dólares de ayuda estadounidense, está últimamente en el centro de la atención mediática global. Hace tiempo que es “nuestro hijo de puta”, pero no es el único.Echemos un vistazo a los demás dictadors del planeta que son lo bastante afortunados para gozar del beneplácito del Tío Sam.
1.Paul Biya, Camerún
Biya ha gobernado Camerún desde que ganó una “elección” en 1983. Fue el único candidato y le fue bastante bien: obtuvo un 99% de los votos.
Según el artículo de Wikipedia sobre el país: “EE.UU. y Camérun trabajan juntos en las Naciones Unidas y en otras organizaciones multilaterales. Cuando estuvo en el Consejo de Seguridad de la ONU en 2002, Camerún colaboró estrechamente con EE.UU. en una serie de iniciativas. El gobierno de EE.UU. sigue suministrando un financiamiento sustancial para organizaciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el FMI, y el Banco de Desarrollo Africano que proveen ayuda financiera y otras a Camerún”.
Amnistía Internacionales detalla ejecuciones ilegales, periodistas encarcelados y muchás otras actividades repugnantes.
Como parte de una estrategia para asfixiar a la oposición, las autoridades perpetraron o condonaron violaciones a los derechos humanos, incluidos arrestos arbitrarios, detenciones ilegales y restricciones de los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión. Defensores de los derechos humanos y periodistas fueron acosados y amenazados. Hombres y mujeres fueron detenidos por su orientación sexual.
2.Gurbanguly Berdymuhammedov (o Berdymukhamedov), Turkmenistán.

Berdymuhammedov llegó al poder en 2006 cuando murió su predecesor y el sucesor constitucional fue encarcelado.
Según el Departamento de Estado: “Durante varios años en los noventa, Turkmenistán fue un protagonista clave en la Iniciativa Energética de la Cuenca del Caspio de EE.UU., que trataba de facilitar negociaciones entre socios comerciales y los gobiernos de Turkmenistán, Georgia, Azerbaiyán y Turquía para construir un gasoducto bajo el Mar Caspio y exportar gas turkmeno al mercado interior turco de energía y más allá –el denominado Gasoducto Trans-Caspio (TGGP)-” La lista de Parade Magazine de los peores dictadores del mundo señala que “EE.UU. sigue importando petróleo de Turkmenistán (por valor de 100 millones de dólares en 2008), mientras Boeing suministra aviones al gobierno turkmeno. Chevron… abrió una oficina en la capital turkmena, Ashgabat”.
Human Rights Watch dice que aunque Berdymuhammedov ha dado algunos pasos “para revertir algunas de las políticas sociales más ruinosas” de su predecesor, “el gobierno sigue siendo uno de los más represivos y autoritarios del mundo”.
3.Teodoro Obiang Nguema, Guinea Ecuatorial.
Hace treinta y dos años, Obiang Nguema depuso –y luego ejecutó– a su tío, Francisco Macías, en un golpe sangriento. Peter Maas lo calificó no sólo de “el peor dictador de África”, sino de “un hombre cuya vida parece una parodia del género dictatorial”.
Obiang... prometió más benevolencia y amabilidad que su predecesor, pero en los años noventa, incluso el embajador de EE.UU. en Guinea Ecuatorial recibió una amenaza de muerte de una persona de confianza del régimen y tuvo que ser evacuado. Poco tiempo despué se descubrió petróleo mar adentro y la primera ola de ingresos –unos 700 millones de dólares– fueron transferidos a cuentas secretas bajo el control personal de Obiang.
Según Parade: “EE.UU. importó más de 3.000 millones de dólares en productos petroleros de Guinea Ecuatorial” en 2008.
4.Idriss Deby, Chad
Ese año también importamos petróleo por valor de 3.000 millones de dólares de Chad. Según el Departamento de Estado: “EE.UU. mantine relaciones cordiales con el gobierno de Deby. Chad ha demostrado ser un socio valioso en la guerra global contra el terror y al proporcionar refugio a unos 200.000 refugiados de la crisis de Darfur en Sudán a lo largo de su frontera oriental.”
El informe de 2010 de Amnistía Internacional sobre Chad contiene un cuadro impresionante:
Civiles y trabajadores humanitarios fueron asesinados y secuestrados; mujeres y niñas fueron víctimas de violaciones y otras violencias; utilizaron a los niños como soldados. Las autoridades no tomaron medidas adecuadas para proteger a los civiles de los ataques de bandidos y grupos armados. Presuntos opositores políticos fueron ilegalmente arrestados, detenidos arbitrariamente y torturados o maltratados de otra manera. Continuó el acoso y la intimidación a los periodistas y defensores de los derechos humanos. La demolición de casas y otras estructuras continuó durante todo el año 2009, dejando sin vivienda a miles de personas.
A pesar de que los militares de Chad han sido acusados de utilizar a niños soldados, Parade señala que “EE.UU. sigue entrenando comandos de Chad”.
5.Islam Karimov, Uzbekistán
Lo que hace que Karimov sea tan especial es su (supuesto) gusto por hervir a sus oponentes políticos hasta que mueren.
Karimov ha sido presidente de Uzbekistán desde 1990, cuando ganó por un inmenso margen en la primera de una serie de elecciones fraudulentas. Torturas, detenciones arbitrarias y redadas masivas de minorías religiosas son comunes en Uzbekistán, según Human Rights Watch. Pero el país ha sido un socio crucial de EE.UU. en su “guerra contra el terror”, albergando tropas de EE.UU. en la base aérea Karshi-Khanabad hasta 2005. Las relaciones se enfriaron un poco después que Karimov alentó a EE.UU. a abandonar la base, pero como señala Parade: “El comercio con Uzbekistán se duplicó en 2008, ya que los estadounidenses siguen importando inmensas cantidades de uranio uzbeko, utilizado para centrales y armas nucleares”. Al año siguiente “Uzbekistan Airways compró aviones jet de Boeing porvalor de 600 millones de dólares”.
6.Meles Zenawi, Etiopía
Zenawi ha gobernado Etiopía durante 20 años. Sólo el año pasado, después de lo que Human Rights Watch llamó “meses de intimidación de partidarios de partidos de oposición”, el partido de Zenaqi, el Frente Revolucionario Democrático Popular Etíope, obtuvo un 99,6% de los votos. ¡Legitimidad!
Etiopía es un socio estratégico esencial en la “guerra contra el terror”, y contribuye significativamente a las operaciones africanas de mantenimiento de la paz. Según la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU., EE.UU. ha sido el mayor donante para Etiopía. El Congreso aprobó una ley, a pesar de las objeciones del gobierno de Bush, que limita la ayuda militar al país hasta que tenga una prensa libre y el régimen de Zenawi mejore sus datos de derechos humanos, pero –y es un pero muy importante– excluye la ayuda al “contraterrorismo”. Por lo tanto, a pesar del hecho de que, según Amnistía Internacional, los grupos opositores etíopes son ilegales, las ONG han sido prohibidas y los etíopes desaparecen a menudo sin juicio, EE.UU. sigue entrenando tropas etíopes.
7.Rey Abdullah Bin Abdul-Aziz, Arabia Saudí.
Al parecer, cuando un Estado teocrático islámico comete horribles crímenes contra sus ciudadanos, sólo es importante si ese Estado se llama Irán. Arabia Saudí, claro está, es uno de los aliados más importantes de EE.UU. El gobierno de EE.UU. ha suministrado la seguridad para la familia real saudí durante décadas, a cambio de… petróleo.
Abdullah ha instituido algunas reformas desde que llegó al poder en 2005, pero Human Rights Watch dice que “las iniciativas han sido en gran parte simbólicas, sólo pequeñas mejoras concretas o protección institucional para los derechos”. El informe de Amnistía Internacional de 2010 acusa a las autoridades saudíes del uso continuo de “una amplia gama de medidas represivas para eliminar la libertad de expresión y otras actividades legítimas”.
Cientos de personas han sido arrestadas como presuntos terroristas. Otros miles, arrestados en nombre de la seguridad en años anteriores, siguen en la cárcel; incluyen a prisioneros de conciencia. Unos 330 sospechosos de seguridad recibieron juicios injustos ante un nuevo tribunal especializado y excluyente; uno fue condenado a muerte y 323 fueron condenados a penas de prisión.

La ONU denuncia a España por la detención de inmigrantes

Jueves, 24 de Febrero de 2011 04:00 inSurGente.org

El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU denunció a España por la detención de inmigrantes según perfiles racistas utilizados por la policía, en una audiencia celebrada este miércoles en Ginebra.
"La policía se maneja con circulares racistas para detener a inmigrantes indocumentados y sindicatos de policía han revelado que deben cumplir con una cierta cantidad de detenciones", indicó el guatemalteco José Francisco Cali Tzay, relator de este Comité para España.
"En 2009, más de 16.500 migrantes fueron internados en nueve centros de retención, la mitad fueron luego expulsados del país y el resto salió en libertad. Eso demuestra que no se justifica la política de detención administrativa sistemática", afirmó Cali Tzay, uno de los 18 expertos de este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención en la materia.
La denuncia de malos tratos en esos centros de retención llevó al experto francés Régis de Gouttes a solicitar explicaciones a España por su negativa, manifestada públicamente en mayo de 2010, a crear un mecanismo de investigación independiente.
"Los migrantes suelen ser considerados chivos expiatorios en la presente crisis económica, los designan responsables de la falta de empleo, una propaganda xenófoba, y eso se lee en la prensa. Habría actualmente en España un millón de indocumentados, ¿qué va a hacer con ellos el Gobierno? ¿los va a legalizar?", terminó preguntando Cali Tzay.
La delegación española, que sometió este miércoles un informe sobre la lucha contra el racismo en el país, podrá responder el jueves a los interrogantes formulados por este Comité.
En un párrafo de ese informe, España se refiere a la aparición de un "nuevo racismo", no ya basado en la superioridad "biológica", sino en "la incompatibilidad de ciertas especificidades culturales, nacionales, religiosas, étnicas u otras (...) la superioridad de unas culturas sobre otras (...) la amenaza (contra) el modo de vida occidental".
"¿Eso quiere decir que a un catalán lo van a discriminar en Madrid?", preguntó el experto rumano Ion Diaconu. El experto colombiano Pastor Murillo Martínez pidió cuentas a España sobre la composición de su población carcelaria, que mostraría índices racistas.
El experto brasileño José Augusto Lindgren confesó que, para ir a la audiencia de Ginebra, desechó hacer escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas, al que acusó de ser "el mayor deportador de brasileños del mundo".